El PP de la Comunidad de Madrid aprovecha las fiestas para hacer más trampas

Se trata de una modificación que afectará negativamente a los Ayuntamientos, al obtener éstos menos suelo público. Pero esta nueva concesión a los grandes promotores, tiene la pequeña ventaja de debilitar la excusa, que tanto ha usado el entramado político-inmobiliario, de que "hay que reclasificar y urbanizar para obtener suelo público". Una razón más para seguir planteando la RECLASIFICACIÓN CERO en nuestra Sierra.

Comunicado de Ecologistas en Acción:

LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DEL SUELO NO FAVORECERÁN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN, SÓLO CONSOLIDAN LA INSENSATEZ DEL MODELO URBANÍSTICO ACTUAL

Las modificaciones de la Ley del Suelo aprobadas hoy mediante la Ley de Medidas Fiscales y de la Administración 2011 no favorecen la economía de la región, al contrario, sólo servirán para consolidar un modelo de urbanismo insensato y especulador. Estas modificaciones van encaminadas a reducir el porcentaje de vivienda de protección y las obligaciones de cesión de los promotores perjudicando el interés general de los ciudadanos. Ecologistas en Acción afirma que esta decisión, además,  en plena crisis dejará a los ayuntamientos sin la posibilidad de adquirir suelo público que se destine a zonas verdes, equipamientos e infraestructuras

 Las modificaciones aprobadas hoy reducen el porcentaje de edificabilidad que los promotores deben destinar  a la construcción de viviendas de protección en los suelos urbanizables, pasando de un 45% a un 30%. Se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid, en 2007, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo aprobada por las Cortes Generales porque establecía como mínimo (ampliable por las comunidades autónomas) que los promotores cedieran un 30% de la edificabilidad residencial a viviendas de protección.  Lo mismo que ahora ha aprobado la Asamblea de Madrid.

 La nueva Ley del Suelo además rebaja las cesiones de terrenos que los promotores ceden a los ayuntamientos cuando desarrollan un sector urbanizable de uso residencial para destinarlos  a equipamientos, zonas verdes e infraestructuras,  pasando de un 70% a un 20%. En el caso de suelos urbanizables de uso industrial, estas cesiones no se reducen, directamente se eliminan. Por último, también desaparecen los deberes de cesión de los promotores a los ayuntamientos, en suelos urbanos no consolidados, para crear zonas arboladas urbanas cuando se trate de viviendas privadas con jardín. Es decir las urbanizaciones de chalés o de edificios plurifamiliares con jardines privados no tendrán que ceder terrenos para que se construyan zonas arboladas públicas.

 Esto quiere decir que los jardines privados se computarán como si fuesen zonas arboladas públicas. “Lo que el nuevo artículo no aclara --afirma Ecologistas en Acción--     es si los ciudadanos podremos entrar en esos jardines privados para disfrutar de ellos como si fuesen públicos”. Estamos ante una medida absurda que raya el esperpento y que denota el profundo desconocimiento de la función que desempeñan los espacios públicos  en la trama urbana y en la ciudad”.

 En la Comunidad de Madrid existe suelo clasificado con capacidad para construir unas 499.238 viviendas, 209.206 de las cuales se sitúan en el municipio de Madrid. La obligación que tienen los promotores para ceder parte del suelo para destinarlo a dotaciones y equipamientos públicos poco o nada tiene que ver con la paralización del sector de la construcción en la región. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid existe capacidad para la construcción de 66.441 viviendas en suelo urbano que no requiere cesiones y, sin embargo, no se desarrollan. Por otra parte, el año pasado, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público eliminó la totalidad de las cesiones que los promotores debían ceder a la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas de integración social, equipamientos e infraestructuras. Sin embargo esta medida no ha estimulado el desarrollo de los sectores urbanizables en la región.

 En definitiva con las últimas modificaciones de la Ley del Suelo el urbanismo en la región pierde prácticamente su función social, convirtiéndose en un  mero instrumento de hacer dinero para los promotores, sin plantearse en ningún momento reducir el precio de las viviendas, lo que realmente está dificultando el acceso a las mismas, en una situación de crisis como la actual.

 Más información: Mª Ángeles Nieto, 656925082